REACCIÓN DEL COLEGIO DE MEDICOS VETERINARIOS DE PUERTO RICO A MUERTE DE ANIMALES POR EMBARGO A UN AGROCENTRO

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Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico urge se investiguen los procesos administrativos y el trámite policiaco infructuoso que dio paso a la muerte de animales.

Durante los pasados días los medios han divulgado que un establecimiento que vendía animales y productos relacionados con sus cuidados, ubicado en Canóvanas, había recibido una orden de cierre por parte del Departamento de Hacienda y, como resultado de esa gestión, los dueños alegaban no haber tenido acceso a las instalaciones. El establecimiento estuvo cerrado por varios días y “decenas de animales murieron”, según se ha reportado, sin atención, ventilación ni alimentos.

El Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico no tiene detalles sobre el trámite gubernamental de Hacienda ni cuestiona su gestión. Sin embargo, la aparente falta de un protocolo adecuado para descontinuar las operaciones de un establecimiento que alberga seres vivos queda manifiesta. Todas las dependencias de gobierno, recaudadoras o fiscalizadoras, deben descargar su responsabilidad, pero con diligencia.

Según ha sido reseñado, los dueños del comercio recurrieron a las autoridades, la Policía e incluso llegaron a sala de investigaciones solicitando un remedio para lograr la entrada a las instalaciones. Al alegado mal manejo por parte de Hacienda, se sumó que el andamiaje jurídico tampoco funcionó adecuadamente y no se actuó con diligencia para evitar la agonía y muerte de estos animales.

Es censurable y reprochable que los animales hayan muerto por falta de gestiones adecuadas por parte del Estado, sobre todo en un país que tiene estatutos claros sobre la protección y el bienestar animal con penas severas por la negligencia, abuso, tortura o daño a cualquier animal.

Según los medios, el Departamento de Hacienda indica que no negó la entrada al establecimiento a los custodios de los animales. Sin embargo, no se ha presentado evidencia alguna hasta el momento sobre el protocolo de estos casos, ni sobre las personas que manejaron puntualmente la intervención con el establecimiento en Canóvanas.

Entendemos que es meritorio que se investiguen estos hechos y se determine quién o quiénes fallaron en su responsabilidad, así como que se trabaje en la divulgación de un protocolo para el cierre de operaciones de instalaciones en las que se alberguen seres vivos, como sería el caso de laboratorios, proyectos de investigación, hospitales, clínicas veterinarias, petshops,  agrocentros y refugios, entre otros.

Reiteramos nuestro respeto por los procesos de fiscalización del Departamento de Hacienda e insistimos en que lo que es preciso es que se establezcan los mecanismos para que el cierre de establecimientos implique la suspensión de sus operaciones pero al mismo tiempo garantice que los seres vivos que albergan reciban los cuidados necesarios.

En cuanto al Departamento de Justicia y la Policía, también sería preciso que se investigue si alguien falló en atender diligentemente las preocupaciones y petición de ayuda de los dueños de este establecimiento para garantizar la salud y la vida de los animales que se encontraban en su negocio. Sería preciso determinar si institucionalmente se incurrió en faltas o violaciones a la Ley de Protección y Bienestar Animal.

  • Expresiones oficiales del Colegio de Médicos Veterinarios por medio de su Comité de Comunicaciones. Estas no son expresiones del oficial de comunicaciones del Colegio, sino que son emitidas por la institución.

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